El efecto Bukele: seguridad recuperada, poder concentrado
Nayib Bukele ha conseguido algo que durante años parecía casi imposible en El Salvador: reducir drásticamente la violencia de las pandillas y devolver una sensación de seguridad a buena parte de la población.
Ese logro explica buena parte de su enorme popularidad.
Las cifras oficiales muestran una caída histórica de los homicidios, mientras comunidades que antes vivían bajo el control territorial de las maras recuperaron movilidad, comercio y vida cotidiana. La mejora de la seguridad también favoreció el turismo, la inversión y la percepción internacional del país.
Pero el modelo salvadoreño tiene otra cara.
Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción que ha permitido detenciones masivas, reducción de garantías procesales y un fuerte incremento de la población penitenciaria. Organizaciones de derechos humanos han documentado casos de detenciones arbitrarias, malos tratos y muertes bajo custodia.
Aquí aparece el verdadero dilema.
Seguridad a cambio de garantías
El Gobierno sostiene que estas medidas fueron necesarias para derrotar estructuras criminales que durante décadas desafiaron al Estado.
Sus críticos responden que, cuando se otorga al poder público una capacidad extraordinaria para detener, encarcelar y limitar derechos, también aumenta el riesgo de que personas inocentes resulten afectadas.
El problema no está únicamente en cuántos delincuentes fueron encarcelados.
También importa saber cuántos inocentes pudieron quedar atrapados dentro del mismo sistema.
El poder que queda después de la emergencia
Otro efecto importante del modelo Bukele es la concentración de poder.
Durante estos años se produjeron cambios en la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Constitución. También fueron modificadas las reglas sobre reelección presidencial.
Para sus seguidores, permitir que Bukele permanezca en el poder significa respetar la voluntad de una mayoría que continúa respaldándolo.
Para sus críticos, precisamente ahí está el riesgo: las instituciones no deben depender de la popularidad de una persona.
Los límites al poder no existen solamente para controlar a malos gobernantes.
También existen para controlar a los buenos y a los populares.
Porque algún día esos mismos poderes extraordinarios pueden quedar en manos de otra persona.
El costo social
La estrategia contra las pandillas también ha producido consecuencias familiares y comunitarias.
Decenas de miles de personas han sido encarceladas. Detrás de muchas de ellas existen hijos, esposas, padres y dependientes económicos.
Eso no elimina la responsabilidad de quienes pertenecieron a estructuras criminales.
Pero significa que el encarcelamiento masivo genera efectos que van mucho más allá de las paredes de una prisión.
Otro interrogante es la rehabilitación.
Un país puede encarcelar a gran parte de sus delincuentes.
La pregunta más difícil es qué hará con ellos después.
El mayor logro de Bukele
Sería injusto analizar El Salvador sin reconocer la profundidad del cambio en materia de seguridad.
Durante años, millones de salvadoreños vivieron bajo extorsión, homicidios, amenazas y fronteras territoriales impuestas por pandillas.
Hoy muchos de esos ciudadanos sienten que recuperaron su país.
Ese sentimiento es real.
Y ayuda a comprender por qué el apoyo al presidente continúa siendo tan elevado.
El verdadero examen todavía está pendiente
El gran desafío del modelo Bukele quizás no sea demostrar que un Estado puede derrotar a las pandillas.
Eso ya parece haber quedado demostrado.
La pregunta ahora es otra:
¿puede El Salvador conservar la seguridad sin depender permanentemente de medidas excepcionales?
Restablecer plenamente las garantías procesales, revisar posibles errores judiciales, mantener el control territorial y preservar instituciones independientes será mucho más difícil que construir cárceles.
Ahí estará probablemente el verdadero juicio histórico sobre Bukele.
Porque una sociedad segura no es solamente aquella donde el ciudadano deja de temer al delincuente.
También debe ser aquella donde el ciudadano no tenga razones para temer al Estado.
