Seguridad, delincuencia y actuación policial: un debate que exige equilibrio
Cada vez que una persona señalada por la comisión de delitos muere durante una intervención de la Policía Nacional, resurgen las críticas sobre el uso de la fuerza, la legalidad de la actuación de los agentes y el respeto a las garantías constitucionales.
Ese escrutinio es legítimo.
En un Estado de derecho, ninguna institución armada puede actuar sin controles y toda muerte producida durante una operación policial merece ser investigada con seriedad.
Sin embargo, el debate suele presentar una notable desproporción.
Mientras se examina ampliamente la actuación policial, muchas veces se dedica mucho menos espacio a las víctimas de la delincuencia: ciudadanos asesinados, heridos, atracados, violados, torturados o sometidos a experiencias que cambian definitivamente sus vidas y las de sus familias.
Ese otro lado de la ecuación también merece ser discutido.
La delincuencia también tiene víctimas con nombres y familias
Cuando se informa sobre un presunto delincuente muerto durante una intervención, inmediatamente aparecen preguntas sobre sus derechos, las circunstancias del hecho y la actuación de los agentes.
Es correcto que así sea.
Pero cuando esa misma persona posee un historial de delitos violentos, también debemos preguntarnos cuántas personas fueron afectadas previamente y por qué continuaba teniendo oportunidades de reincidir.
Detrás de un atraco no existe simplemente una estadística. Existe una víctima.
Detrás de un homicidio queda una familia.
Detrás de una agresión grave puede quedar una persona con lesiones permanentes.
Detrás de una violación permanece un trauma que puede acompañar a la víctima durante toda su vida.
Por eso la discusión sobre seguridad pública no puede centrarse exclusivamente en lo que ocurre en los últimos minutos de la vida de un delincuente y olvidar todo aquello que pudo haber ocurrido antes.
El problema de la reincidencia
Uno de los fenómenos que más indignación provoca en la sociedad aparece cuando, después de un crimen grave, se descubre que el acusado había sido detenido anteriormente en numerosas ocasiones.
Entonces surgen preguntas inevitables.
¿Cómo estaba nuevamente en la calle?
¿Por qué una persona con tantos antecedentes pudo continuar delinquiendo?
¿Falló la Policía?
¿Falló la investigación?
¿Falló el Ministerio Público?
¿Falló el tribunal?
¿Falló el sistema penitenciario?
La respuesta probablemente no pueda atribuirse a una sola institución.
La seguridad pública constituye una cadena.
La Policía detiene.
El Ministerio Público investiga y acusa.
Los tribunales deciden.
El sistema penitenciario cumple una función de custodia y, por lo menos en teoría, de rehabilitación.
Cuando alguno de esos eslabones no funciona, el problema regresa a la calle.
Y muchas veces termina nuevamente frente al policía.
La Policía no puede convertirse en juez
Aquí debemos establecer una frontera que no admite ambigüedades.
Tener antecedentes no constituye una sentencia de muerte.
Ser sospechoso tampoco.
Incluso haber cometido un delito grave no autoriza a un agente policial a ejecutar a una persona.
La función del policía consiste en detener al infractor y ponerlo a disposición de la justicia siempre que las circunstancias lo permitan.
La Policía no puede sustituir a los tribunales.
Eso diferencia una institución de seguridad de una organización que actúa al margen de la ley.
Pero reconocer este principio tampoco significa exigir que los agentes renuncien a utilizar la fuerza cuando enfrentan una amenaza real.
El derecho del policía a regresar a su casa
A veces discutimos las intervenciones policiales como si los agentes fueran inmunes al miedo, a las heridas o a la muerte.
No lo son.
También tienen familias.
También tienen hijos.
También existen personas que esperan que regresen después de terminar su servicio.
Cuando un agente enfrenta a una persona armada que amenaza su vida, la de otro policía o la de un ciudadano, tiene derecho a defenderse dentro de los límites establecidos por la ley.
La sociedad no puede exigirle profesionalidad y simultáneamente pedirle que permanezca inmóvil frente a una agresión letal.
El uso legítimo de la fuerza existe precisamente porque determinadas situaciones no pueden resolverse mediante una conversación.
La cuestión esencial está en determinar cuándo esa fuerza era necesaria y si fue proporcional a la amenaza.
Investigar no significa condenar al policía
Otro error frecuente consiste en interpretar cualquier investigación sobre una intervención como una acusación contra los agentes.
No debería ser así.
Cuando una persona muere durante una actuación policial, la investigación protege a todos.
Protege al ciudadano si existió un abuso.
Pero también protege al policía cuando actuó correctamente.
Una investigación profesional puede determinar la secuencia de los hechos mediante testimonios, armas ocupadas, casquillos, trayectorias balísticas, cámaras, comunicaciones, informes médicos y otras evidencias.
De esa manera la conclusión no depende exclusivamente de la versión policial ni de las especulaciones difundidas en redes sociales.
Depende de evidencia.
Tampoco debemos condenar antes de investigar
Existe una tendencia cada vez más frecuente a construir una conclusión apenas se conoce la noticia.
Si el titular dice:
“Presunto delincuente muere durante intercambio de disparos”,
inmediatamente algunos consideran que la versión policial es necesariamente cierta.
Otros, en cambio, asumen automáticamente que se trató de una ejecución.
Ambas posiciones son problemáticas.
Ni el historial del fallecido prueba que hubo un enfrentamiento.
Ni su muerte demuestra que existió una ejecución extrajudicial.
Precisamente para resolver esa diferencia existe la investigación.
Una sociedad seria no debería sustituir la evidencia por simpatías.
La seguridad ciudadana tampoco puede convertirse en un concepto abstracto
Con frecuencia hablamos de seguridad pública desde posiciones extremadamente teóricas.
Pero la realidad cambia cuando el delito entra por nuestra puerta.
Mientras el afectado sea un desconocido, podemos analizar tranquilamente estadísticas, procedimientos y doctrinas.
Cuando la víctima es nuestra madre, nuestro hijo, nuestro hermano o nuestra esposa, la percepción cambia.
Entonces queremos saber por qué el agresor estaba libre.
Queremos saber cuántas veces había sido detenido.
Queremos respuestas.
Eso no significa que el dolor de una víctima pueda sustituir a la ley.
Significa que las víctimas también deben ocupar un lugar central dentro de la política criminal.
Derechos humanos para todos
Algunas discusiones presentan los derechos humanos como si existiera una contradicción entre proteger al detenido y proteger al ciudadano.
No debería existir.
Los derechos pertenecen a todos.
Al sospechoso que debe ser detenido sin recibir un trato ilegal.
Al policía que tiene derecho a defender su vida.
Al ciudadano que merece caminar por una calle sin ser asaltado.
Y a la víctima cuya tragedia no debe desaparecer del debate una vez que el delincuente es detenido o muere.
Un verdadero Estado de derecho debe proteger simultáneamente esas garantías.
El delincuente reincidente representa un fracaso colectivo
Cuando una persona entra repetidamente al sistema penal y regresa una y otra vez a cometer delitos, la conclusión no puede ser simplemente que la Policía debe atraparla nuevamente.
Estamos frente a un problema más profundo.
Puede existir una investigación deficiente.
Un expediente mal construido.
Falta de pruebas.
Problemas judiciales.
Deficiencias penitenciarias.
Ausencia de rehabilitación.
Falta de seguimiento.
O combinaciones de varios factores.
Lo absurdo sería esperar que una patrulla resuelva en unos minutos las fallas que otras instituciones acumularon durante años.
Prevenir también es combatir la delincuencia
La respuesta tampoco puede consistir exclusivamente en aumentar patrullas y arrestos.
Una sociedad que únicamente captura delincuentes después de que estos aparecen siempre estará llegando tarde.
Debe trabajarse también sobre las condiciones que alimentan el delito.
Deserción escolar.
Violencia intrafamiliar.
Drogas.
Armas ilegales.
Bandas.
Falta de oportunidades.
Reincidencia.
Debilidad institucional.
El trabajo policial resulta indispensable, pero representa solamente una parte de la respuesta.
Mientras unos delincuentes salen de circulación, otros ocuparán su lugar si permanecen intactas las condiciones que los producen.
Una Policía fuerte no tiene que ser una Policía abusiva
Con frecuencia parece que solamente existen dos posiciones posibles.
O defendemos una Policía extremadamente agresiva.
O terminamos con una institución incapaz de actuar.
Es una falsa disyuntiva.
Una Policía puede ser firme y profesional al mismo tiempo.
Puede perseguir delincuentes sin fabricar culpables.
Puede utilizar fuerza sin utilizarla arbitrariamente.
Puede realizar arrestos y respetar derechos.
Puede proteger al ciudadano y someterse a controles.
De hecho, cuanto mayor sea la autoridad concedida al policía, mayor debe ser su preparación y responsabilidad.
Tampoco es justo presentar siempre al delincuente como víctima principal
Existe otro desequilibrio que merece reflexión.
En determinados casos, el discurso público termina otorgando una enorme atención al individuo que cometió actos violentos mientras las personas perjudicadas por sus acciones prácticamente desaparecen de la historia.
Esto no significa negar derechos a nadie.
Significa recordar que el derecho penal existe, entre otras razones, porque alguien fue perjudicado.
La víctima también merece justicia.
Y merece que el Estado haga todo lo legalmente posible para evitar que el agresor vuelva a producir nuevas víctimas.
La firmeza es necesaria, pero necesita reglas
El crimen violento no puede enfrentarse con timidez.
Los organismos responsables de la seguridad necesitan autoridad, entrenamiento, equipos, inteligencia, tecnología y respaldo institucional.
Pero ese respaldo no puede convertirse en un cheque en blanco.
Cuando un policía actúa correctamente, debe recibir apoyo.
Cuando actúa ilegalmente, debe responder.
Ese equilibrio fortalece a la Policía porque separa al agente profesional de quien utiliza el uniforme para cometer abusos.
El debate que deberíamos tener
Quizás hemos planteado equivocadamente la discusión.
No se trata de escoger entre los derechos del delincuente y la seguridad del ciudadano.
Tampoco entre defender a la Policía o cuestionarla.
La verdadera discusión debería ser:
¿cómo construimos un sistema capaz de enfrentar con firmeza al delincuente sin renunciar a las garantías que distinguen a una sociedad civilizada?
Necesitamos una Policía que no tema actuar frente a una amenaza real.
Pero también una Policía que conozca exactamente los límites de su autoridad.
Necesitamos tribunales que protejan las garantías procesales.
Pero también un sistema que responda adecuadamente ante la reincidencia y la criminalidad violenta.
Necesitamos hablar de las personas que mueren durante intervenciones policiales.
Pero también recordar a quienes murieron antes, víctimas de aquellos mismos delincuentes.
No necesitamos ejecuciones.
No necesitamos impunidad.
No necesitamos policías indefensos.
Y tampoco ciudadanos abandonados frente al crimen.
Lo que necesitamos es un sistema de seguridad y justicia capaz de hacer algo aparentemente sencillo, pero extraordinariamente difícil:
proteger al inocente, perseguir al culpable, respetar la ley y evitar que quien delinque repetidamente encuentre siempre una nueva oportunidad para producir otra víctima.
