Si la política no fuera negocio, ¿por qué se pelean tanto por el puesto?
Cuando conquistar un cargo cuesta millones, las campañas parecen inversiones y el poder abre puertas a contratos, influencia y privilegios, el ciudadano tiene derecho a preguntar quién paga la política y qué espera recibir a cambio
Nos han enseñado una versión romántica de la política.
El candidato dice que quiere servir.
Que desea transformar la sociedad.
Que sacrificará su tranquilidad personal por el bienestar colectivo.
Que acepta el cargo porque siente una profunda vocación de servicio.
Puede ser verdad.
Existen políticos honestos y servidores públicos que genuinamente entienden el ejercicio del poder como responsabilidad.
Pero entonces aparece una pregunta incómoda:
si ocupar un cargo público representa tanto sacrificio, ¿por qué algunos están dispuestos a gastar fortunas, destruir amistades, dividir partidos y librar auténticas guerras políticas para conseguirlo?
Ahí comienza la contradicción.
¿Por qué cuesta tanto conseguir un empleo que supuestamente es para servir?
Imaginemos una situación fuera de la política.
Una empresa ofrece un empleo con un salario determinado.
Para conseguirlo, el aspirante decide gastar varias veces lo que ganará durante años.
Contrata publicidad.
Organiza eventos.
Moviliza cientos de personas.
Paga asesores.
Alquila vehículos.
Coloca vallas.
Financia estructuras territoriales.
Recorre el país.
Y consigue aportes de empresarios para sostener todo aquello.
Cualquier inversionista preguntaría inmediatamente:
¿cómo piensa recuperar ese dinero?
En política parecemos haber dejado de hacer esa pregunta.
Nadie debería comprar el derecho a gobernar
Una campaña electoral cuesta dinero.
Eso es inevitable.
Hay publicidad, personal, transporte, tecnología, comunicaciones y organización.
El problema comienza cuando competir por un cargo se vuelve tan costoso que solamente pueden hacerlo quienes poseen grandes fortunas o quienes consiguen que otros financien sus aspiraciones.
Entonces aparece una figura peligrosa:
el inversionista político.
No necesariamente entrega dinero por patriotismo.
Puede esperar acceso.
Influencia.
Contratos.
Información.
Nombramientos.
Regulaciones favorables.
Concesiones.
O simplemente la posibilidad de levantar un teléfono y conseguir que alguien importante conteste.
Ahí la democracia comienza a parecerse peligrosamente a un mercado.
La campaña puede convertirse en una inversión
Y toda inversión espera retorno.
El candidato recibe dinero para llegar.
Después llega al poder.
Entonces aparece inevitablemente la pregunta:
¿qué recibe quien financió su llegada?
Ese es uno de los grandes dilemas de las democracias modernas.
No necesitamos acusar a ningún candidato particular para reconocerlo.
Precisamente por eso existen:
límites de aportaciones,
declaraciones de financiamiento,
controles electorales,
auditorías
y normas sobre conflictos de interés.
Porque las democracias entendieron hace mucho tiempo que dinero y poder forman una combinación extremadamente peligrosa cuando nadie puede observar la relación entre ambos.
El verdadero negocio no siempre está en el salario
Ese es otro error.
Cuando hablamos de políticos enriqueciéndose pensamos inmediatamente:
“Su sueldo no explica su patrimonio.”
Pero la influencia puede valer mucho más que el salario.
Un funcionario puede tener capacidad para intervenir directa o indirectamente sobre:
contratos públicos,
permisos,
concesiones,
compras,
obras,
nombramientos,
regulaciones
y presupuestos millonarios.
No significa que automáticamente utilice esas facultades para enriquecerse.
Pero significa que existe un enorme poder económico alrededor de una decisión pública.
Y donde existe mucho dinero existe también una obligación todavía mayor de transparencia.
Por eso algunos cargos parecen valer más que el sueldo que pagan
Si un puesto público solamente ofreciera:
trabajo agotador,
escrutinio permanente,
responsabilidad penal,
críticas,
salario limitado
y pérdida de privacidad,
resultaría interesante observar cuántas personas mantendrían exactamente el mismo entusiasmo por ocuparlo.
Pero el poder ofrece algo que no aparece en la nómina.
Influencia.
Y la influencia es una moneda.
Abre puertas.
Crea relaciones.
Construye carreras.
Acerca empresarios.
Produce contactos.
Permite colocar personas.
Y puede generar oportunidades futuras incluso después de abandonar el Gobierno.
Ahí aparece la profesionalización del político
Personas que pasan:
de regidor a alcalde,
de alcalde a diputado,
de diputado a senador,
de senador a ministro,
de ministro a aspirante presidencial.
La política deja de ser una etapa de servicio.
Se convierte en profesión.
Eso tampoco es necesariamente malo.
Administrar un Estado requiere experiencia.
El problema aparece cuando el objetivo deja de ser gobernar y comienza a ser permanecer dentro del sistema que distribuye poder.
Entonces perder una elección no significa solamente perder una oportunidad de servir.
Puede significar perder acceso.
Y por eso las luchas internas pueden ser tan feroces
Observemos las convenciones.
Las primarias.
Las nominaciones.
Las alianzas.
Las disputas por candidaturas.
Compañeros del mismo partido llegan a enfrentarse con una intensidad sorprendente.
¿Por qué?
Porque antes de competir contra el adversario hay que conquistar algo fundamental:
la candidatura.
Y una candidatura competitiva puede convertirse en una puerta hacia enormes cuotas de poder.
Entonces comprendemos por qué algunas organizaciones políticas terminan comportándose como corporaciones que distribuyen posiciones.
Después vienen los nombramientos
Gana el partido.
Y comienza otra batalla.
Ministerios.
Direcciones.
Institutos.
Consulados.
Embajadas.
Consejos.
Administraciones.
Asesorías.
¿Por qué existe tanta presión alrededor de posiciones que supuestamente representan únicamente servicio público?
La pregunta merece hacerse.
Porque cuando el empleo estatal se convierte en recompensa política, el Estado deja de seleccionar necesariamente al más preparado.
Puede terminar premiando al más leal.
Ahí paga el ciudadano
Un funcionario incompetente colocado por compromiso político puede costar muchísimo más que su salario.
Mala administración.
Contratos deficientes.
Decisiones equivocadas.
Proyectos retrasados.
Recursos desperdiciados.
El clientelismo no solamente produce corrupción.
También produce incompetencia.
El problema no es que alguien quiera ser político
Una democracia necesita candidatos.
Necesita partidos.
Necesita líderes.
Necesita personas dispuestas a gobernar.
El peligro comienza cuando la política deja de ser un mecanismo para administrar el Estado y se transforma en mecanismo para administrar oportunidades privadas alrededor del Estado.
Son cosas completamente diferentes.
La pregunta que deberíamos hacer antes de votar
No solamente:
¿Qué promete?
También:
¿Quién financia su campaña?
¿Cuánto cuesta?
¿Quién aportó?
¿Qué empresas están detrás?
¿Qué intereses representan?
¿Cómo cambió su patrimonio antes y después del cargo?
¿Qué familiares contrataron con el Estado?
¿Qué decisiones beneficiaron a sus financiadores?
¿Qué empresas recibieron contratos?
¿Qué ocurrió con quienes financiaron campañas anteriores?
Ahí comienza el verdadero periodismo político.
Porque seguir el dinero puede explicar el poder
Los discursos cambian.
Los eslóganes cambian.
Los colores cambian.
Los partidos cambian.
Pero el dinero deja rastros.
Contratos.
Sociedades.
Propiedades.
Aportes.
Licitaciones.
Declaraciones juradas.
Transferencias.
Nombramientos.
Concesiones.
Por eso una democracia madura no debería pedirle al ciudadano que simplemente confíe.
Debería permitirle verificar.
El político honesto también necesita transparencia
Precisamente porque no todos son corruptos.
El candidato honesto debería ser el primero interesado en demostrar:
quién financió su campaña,
cuánto gastó,
qué patrimonio tenía antes,
qué patrimonio posee después
y qué relación mantiene con contratistas del Estado.
La transparencia no debería considerarse una acusación.
Debería considerarse protección.
Para el ciudadano.
Y también para el funcionario honesto.
La política no debería garantizar riqueza
Debería garantizar responsabilidad.
Quien entra pobre al Gobierno no tiene obligación de salir pobre.
Puede invertir.
Puede heredar.
Puede poseer empresas.
Puede tener ingresos legítimos.
Pero cuando aparece un crecimiento patrimonial extraordinario, el ciudadano posee todo el derecho a preguntar:
¿de dónde salió?
No es persecución.
Es rendición de cuentas.
Administrar dinero público implica aceptar preguntas públicas.
La democracia se corrompe mucho antes del primer soborno
Puede comenzar cuando aceptamos que ganar una elección requiere tanto dinero que el candidato queda endeudado políticamente antes incluso de asumir el cargo.
Ahí nace una dependencia peligrosa.
El ciudadano cree que eligió al gobernante.
Pero quizá existan personas que financiaron su llegada y tienen acceso que el ciudadano jamás tendrá.
Ese desequilibrio destruye lentamente la igualdad política.
Un ciudadano tiene un voto.
Un gran financiador también tiene uno.
Pero después de las elecciones ambos pueden no tener la misma capacidad para conseguir una reunión.
Esa es la verdadera pregunta
Cuando observamos la ferocidad con que algunos se disputan:
presidencias,
senadurías,
diputaciones,
alcaldías,
ministerios
y direcciones públicas,
tenemos derecho a preguntar:
¿realmente todos están peleando por el privilegio de servir?
Algunos seguramente sí.
Otros quizá buscan poder.
Otros influencia.
Otros carrera.
Otros prestigio.
Y algunos podrían buscar oportunidades económicas.
La democracia no puede leer sus intenciones.
Por eso necesita instituciones capaces de vigilar sus acciones.
Si la política no fuera negocio...
Quizá la frase inicial necesite una pequeña modificación.
No podemos afirmar que todo aquel que busca un cargo pretende enriquecerse.
Pero sí podemos decir algo mucho más importante:
cuando hacer política cuesta millones, cuando los financiadores permanecen ocultos, cuando el poder controla contratos multimillonarios y cuando el patrimonio de quienes gobiernan no puede ser explicado con transparencia, la política crea todas las condiciones necesarias para convertirse en negocio.
Y cuando eso ocurre, el ciudadano deja de ser el dueño de la democracia.
Puede convertirse simplemente en quien entrega la autorización cada cuatro años.
El voto.
Después otros administran el poder.
Y quizá también el negocio.
Por eso, antes de escuchar nuevamente:
“Quiero servirle al pueblo”,
deberíamos acostumbrarnos a responder con algunas preguntas sencillas:
¿Quién pagó para que usted llegara hasta aquí?
¿Cuánto costó?
¿Qué espera recibir quien puso el dinero?
¿Cuánto tenía usted antes de entrar?
¿Cuánto tendrá cuando salga?
Y, sobre todo:
¿Está buscando servir al pueblo o asegurando su propio futuro?
La respuesta no debe encontrarse en el discurso.
Debe encontrarse siguiendo el dinero.
