PONER EN 30
BALAS PARA EL DELINCUENTE POBRE, PRIVILEGIOS PARA EL DELINCUENTE DE CORBATA
La misma justicia que dispara en los callejones se detiene ante los despachos del poder.
Por Eliezer Pérez
Poner de moda la morbosa expresión «poner en 29» para celebrar la muerte de jóvenes vinculados a la delincuencia no es más que la aceptación colectiva del fracaso de las políticas sociales del Estado dominicano. El mismo Estado que no ha sabido garantizarles oportunidades de educación, empleo y desarrollo es el que termina persiguiéndolos, mientras desde sus propias instituciones también se cometen delitos de enormes consecuencias sociales.
No se trata de justificar al delincuente. Quien roba, mata o amenaza la tranquilidad ciudadana debe responder ante la justicia. Pero ¿por qué celebramos la muerte del delincuente pobre mientras mostramos tanta tolerancia frente al delincuente de cuello blanco?
Un joven atraca a un ciudadano y le roba unos cuantos miles de pesos. La sociedad exige que lo «pongan en 29».
Un funcionario participa en el desfalco de miles de millones destinados a la salud pública, comprometiendo recursos que deberían proteger a miles de dominicanos.
¿En qué número merece ser puesto ese delincuente?
Un joven de un barrio porta ilegalmente una pistola y se convierte en objetivo de la persecución policial. Un militar utiliza su posición para traficar municiones que pueden terminar en manos de bandas criminales haitianas.
¿Cuál de los dos representa mayor amenaza para la seguridad nacional?
Un grupo de jóvenes que se organiza para delinquir es identificado como una banda criminal, pero cuando funcionarios y empresarios se asocian para manipular contratos, recibir sobornos y apropiarse del patrimonio público, también pueden constituir estructuras de criminalidad organizada, aunque sus integrantes vistan elegantes trajes y operen desde lujosas oficinas.
Unos delinquen con pistolas; otros, con firmas, contratos y sellos oficiales.
Unos despojan a ciudadanos; otros pueden despojar a una nación entera.
La diferencia parece estar en el tratamiento que reciben. Al delincuente pobre se le persigue en los barrios y, cuando muere en una intervención policial, no faltan quienes celebran su muerte. Al delincuente poderoso se le reconocen, como corresponde, las garantías judiciales que también deberían proteger al primero.
No todos los imputados por corrupción permanecen impunes; algunos enfrentan procesos y medidas de coerción. Pero eso no elimina la necesidad de cuestionar la desigualdad en la condena social y en el acceso efectivo a la justicia.
Si la expresión «poner en 29» se aplicara con la misma lógica a la delincuencia de cuello blanco, posiblemente estaríamos viendo cuerpos trajeados tendidos en los pasillos de muchas instituciones gubernamentales y torres habitacionales y oficinas profesionales de lujo.
Pero no es esa la justicia que debemos reclamar.
El verdadero desafío no consiste en poner a nadie en 29, sino en llevar la justicia hasta el nivel 30: donde están los despachos, los contratos millonarios, las estructuras de poder y quienes pueden utilizar el patrimonio público para enriquecerse.
Porque la corrupción también destruye vidas; Cada peso sustraído de la salud, la educación o la seguridad es un recurso que deja de servir a quienes más lo necesitan.
Una sociedad no puede medir la eficacia de su justicia por la cantidad de delincuentes pobres que terminan muertos, mientras trata con indulgencia a quienes saquean sus instituciones.
El delincuente pobre debe responder por sus delitos, El funcionario corrupto, el empresario cómplice y el militar que traiciona su juramento también.
La justicia dominicana no puede convertirse en pena de muerte para los jóvenes de los callejones y en complacencia para los delincuentes de los despachos del poder.
Eliezer Pérez
Santo Domingo, República Dominicana
13 de octubre de 2026
